Apoyo del Gobierno a los municipios, “con políticas que protegen sus recursos”

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La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez muestra un “apoyo constante a los ayuntamientos, con políticas que protegen sus recursos”. Así lo ha explicado para valorar el millón de euros que recibirá la capital jiennense del fondo extraordinario para financiar el déficit de los servicios de transporte público local provocado por la pandemia del coronavirus y el estado de alarma.

Este fondo forma parte del acuerdo entre Hacienda y la FEMP y que se recoge en el Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. “Es una muestra más de que el Gobierno de España está al lado de los ayuntamientos en el momento en que más lo necesitan, por la situación motivada por la crisis sanitaria, con el parón del actividad y la consiguiente caída de ingresos”, ha aclarado Madueño.

El objetivo de esta partida extraordinaria que recibirán los ayuntamientos es cubrir el déficit que se ha producido desde el pasado 14 de marzo como consecuencia de la reducción de ingresos por la venta de billetes, derivada de la notable bajada de la demanda, así como por los costes extras asumidos para la prevención, limpieza y desinfección. El Ministerio de Hacienda ha cuantificado en un millón de euros la cantidad que recibirá el Ayuntamiento de Jaén.

El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado 5 de agosto el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales donde se recogía esta medida, dotada de un fondo de 275 millones de euros para financiar el déficit y que será gestionada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

El fondo de 275M€ será ampliable hasta los 400 millones de euros si los certificados emitidos por las intervenciones locales evidenciaran que el importe inicialmente asignado resulta insuficiente para paliar los efectos en el transporte público local derivados de la crisis sanitaria.

La asignación de la financiación correspondiente a cada entidad local se ha determinado de forma transparente y sobre la base de criterios objetivos establecidos en el propio texto normativo, estimando el déficit extraordinario en el transporte público local como un porcentaje de la cuantía de los ingresos por tarifa de un año tipo, considerándose como tal el año 2018.

Junto a esta medida de apoyo al transporte público terrestre se completan otras adoptadas anteriormente por el Gobierno para aliviar la necesidad de liquidez de los operadores y asegurar la viabilidad de un tejido empresarial que es necesario para la prestación del servicio público de transporte.

Entre dichas medidas se encuentran el fondo autonómico de 800 millones de euros para paliar el déficit adicional experimentado por el transporte público de financiación y titularidad autonómica como consecuencia de la pandemia, y la aprobación de los términos para el reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera de competencia estatal, alterado sustancialmente durante el estado de alarma por la drástica reducción de la demanda de transporte y los costes adicionales soportados por las empresas a fin de preservar la salud de los viajeros.

Catalina Madueño ha insistido en la importancia de que el Gobierno de España protege a los municipios y que, pese a la crisis sanitaria y sus consecuencias, mantiene las entregas a cuenta a los ayuntamientos para 2020. Además, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro también aprobó en marzo la posibilidad de que las entidades locales destinaran 300 millones de su superávit para financiar gastos de inversión en servicios sociales y prestaciones de atención primaria y atención a la dependencia.La subdelegada ha añadido que en junio pasado se aprobó que las entidades locales pudieran destinar en 2020 un siete por ciento de su superávit para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental cero o, en última instancia, con etiqueta ECO.