VIOGÉN
El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, para analizar las medidas que el Gobierno de España tiene puestas en marcha en materia de protección para las mujeres víctimas de la violencia de género en la provincia. En la reunión también ha participado el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Lozano, y la comisaria jefa provincia de la Policía Nacional de Jaén, Layla Dris, además del jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de las Subdelegación del Gobierno en Jaén, Juan Manuel Alarcón; y el inspector jefe de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer), Antonio Atocha, entre otros.
Carmen Martínez ha subrayado que “la erradicación de la violencia de género es una prioridad incuestionable para este Gobierno” y ha destacado la labor que realizan las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la protección y atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. Martínez ha insistido en el trabajo coordinado y profesional que desarrollan a diario, por lo que también les ha felicitado.
Durante la reunión se ha abordado el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género en la provincia jiennense (Sistema VioGén), puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, y que centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género, a través de las FCSE, tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como la Guardia Civil, cada uno en su demarcación, así como las plantillas de Policía Local de 40 municipios jiennenses que tienen suscrito convenio de colaboración para la protección de mujeres víctimas.
“Un trabajo de seguridad imprescindible para favorecer una protección de las mujeres víctimas de violencia de género, eficaz y coordinada, entre los propios agentes protectores y el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los Servicios Sociales especializados”, ha subrayado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Según el último boletín estadístico del pasado mes de febrero, en la provincia de Jaén se encuentran activos en el Sistema VioGén 1.757 casos; de ellos 8 tienen un tipo de protección alto y 192, medio. Andalucía tiene en este momento 278 municipios adscritos al Sistema VioGén, el 35,41 % del total de los 785 municipios andaluces. En la provincia de Jaén, se encuentran incorporados 40 municipios y, próximamente, se incluirán los de Pegalajar y Arjona.
Violencia vicaria, económica y digital
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género también se ha referido a la reciente renovación del Pacto de Estado que amplía su marco de actuación. En este sentido, la violencia vicaria, la digital y la económica dentro de la pareja, se incorporan a los ejes del pacto y las medidas contempladas dentro de él pasan de 290 a 461, ha explicado. Estas acciones abarcan múltiples ámbitos: desde la prevención hasta la protección y el apoyo a las víctimas, además de la sensibilización y la educación para erradicar la cultura machista que perpetúa la violencia.
Asimismo, se producirá un aumento presupuestario del 50%, con más de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años
En lo relativo a violencia vicaria, se pretende mejorar la prevención y detección de este tipo de violencia sufrida por los menores, que serán contemplados como víctimas de violencia de género, igual que sus madres. También se incide en facilidades para presentar denuncias en sede policial. Por otro lado, la violencia digital es una de las violencias sufridas por mujeres que más rápido han crecido en los últimos años. Por ello, la renovación del Pacto plantea formación para niñas, niños y adolescentes con el fin de realizar un uso crítico de Internet y de las redes sociales. Además, el Pacto propone por primera vez tipificar como delito la violencia económica como una forma de violencia de género. Las actuaciones que se contemplan son, entre otras prácticas, el impago de las pensiones, la administración desleal, el fraude o la descapitalización para reducir o impedir el bienestar de las víctimas y sus hijas o hijos.
